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Riesgo de aluvión de desahucios

La confusión creada por el Tribunal Supremo sobre quién debe pagar el impuesto de actos jurídicos documentados que grava las hipotecas no ha terminado. Habrá que ver los argumentos de las tres nuevas sentencias del Alto Tribunal, que deberán razonar que son los clientes los obligados a pagar el impuesto, en contra de sus resoluciones del pasado octubre, que decidieron que debían ser los bancos. Será difícil comprender que parte de los vecinos de una ciudad paguen el impuesto mientras que otros quedan exentos.

Esta controversia jurídica ha eclipsado la verdadera cuestión de fondo sobre la legislación hipotecaria que se tramita en el Congreso. La nueva ley trata de equiparar nuestros derechos en materia de hipotecas a los de los ciudadanos europeos. En este territorio, la legislación española está en falso y dificulta la labor de los jueces. Lo certifican las reiteradas sentencias del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), que tampoco se han aplicado a la legislación debidamente.

El Gobierno del Partido Popular fue incapaz de trasponer la directiva europea sobre los préstamos hipotecarios de 2014. Ahora, el Congreso de los Diputados trata de aprobar a marchas forzadas un texto remendado para evitar una multa europea de 105.000 euros diarios. Las prisas pueden ser catastróficas, al no resolver las ineficiencias de nuestra regulación hipotecaria y perjudicar gravemente a familias desahuciadas. Ante el drama de los masivos desahucios y las críticas europeas, cuatro magistrados y el propio Tribunal Supremo preguntaron al TJUE cómo debían proceder. A la espera de la respuesta, en febrero de 2017, numerosas audiencias paralizaron decenas de miles de procedimientos de ejecución hipotecaria. Si dentro de unos meses el Tribunal europeo aplicara su propia jurisprudencia y las recientes recomendaciones del abogado general Maciej Szpunar, se produciría un sobreseimiento masivo de estos expedientes de desahucio. Un alivio para los afectados y un revés para la banca.

Pero el proyecto de ley puede interferir este proceso al incluir una peligrosa disposición transitoria primera que prevé que su aplicación sea con efectos retroactivos (lo que no se ha permitido en el impuesto hipotecario). La retroactividad de la futura norma sobre ejecución hipotecaria, que eleva a 12 cuotas los impagos para iniciar la ejecución, significaría que los afectados ya no podrían alegar abusividad. Podemos advierte que perjudicaría a los procedimientos en curso a los que ya no se aplicaría la nulidad. “Se podría producir un alud de desahucios de los casos paralizados”, ha advertido la abogada Verónica Dávalos, experta ante el Tribunal de Luxemburgo. Para el magistrado Guillem Soler, que fue uno de los que preguntaron al TJUE, “sería un segundo rescate, no económico, sino legislativo”.

Sería prudente prestar atención a los argumentos de Unidos Podemos, que critican que la ley no incluya la dación en pago y dé un peor trato que el Supremo a los intereses de demora. De lo contrario, existe el riesgo de que se multipliquen las condenas del Tribunal de Justicia de la UE.

Fuente: El País

By |2018-11-11T23:03:26+00:00noviembre 11th, 2018|Actualidad de Empresas, Actualidad Económica, EL PAÍS|Comentarios desactivados en Riesgo de aluvión de desahucios