Siemens, socio mayoritario de Siemens Gamesa, ha tumbado en la Junta General de Accionistas de Siemens Gamesa las iniciativas que Iberdrola (con un 8% de la propiedad) ha propuesto para su aprobación. La eléctrica pedía abordar la ratificación del mantenimiento de la sede del grupo en España y un reforzamiento del gobierno corporativo de la sociedad en materia de operaciones vinculadas.
El representante de Siemens, su secretario, Fernando Ortega, ha sido tajante al anunciar su voto en contra por «carecer de fundamento». Ha recordado a Iberdrola que las decisiones sobre el establecimiento de la sede corresponde a la Junta General de Accionista y «no constituye un punto estratégico y esencial de la fusión», como ha defendido la eléctrica vasca. Ortega ha apoyado sin fisuras al Consejo de Administración, y ha asegurado, respecto al gobierno corporativo, que Siemens Gamesa ya dispone de «controles y contrapesos» para que este se cumpla estrictamente.
La junta ha sido escenario del enfrentamiento de la eléctrica vasca y la empresa alemana por la gestión de la resultante de la fusión de la división eólica de Siemens y Gamesa desde que el grupo alemán tomó el control de la compañía fusionada. Aunque tanto el consejero delegado de Siemens Gamesa, Marcus Tacke, como la presidenta, Rosa García, han insistido en que no existe ninguna duda sobre la permanencia del «centro de poder» de la empresa en España, Iberdrola, a través de su director de Gobierno Corporativo, Iñigo Elorriaga, ha insistido en que se diera el visto buenos a sus dos reclamaciones.
Iberdrola ha querido forzar a la compañía a mostrar los compromisos asumidos en relación con el mantenimiento en España del domicilio social, la sede efectiva y operativa como sociedad matriz del grupo, y la sede efectiva y operativa del negocio ‘onshore’, así como las medidas para garantizar su cumplimiento.
Además, la energética ha pedido someter a los accionistas el reforzamiento del gobierno corporativo de la compañía en materia de operaciones vinculadas, «para la protección de los accionistas minoritarios frente al riesgo de administración de hecho por parte del accionista mayoritario», si bien no ha encontrado el apoyo suficiente para ninguno de los puntos.
Fuente: El País