La deuda pública ha cerrado 2017 en el 98,08% del PIB, según los cálculos todavía provisionales del Ministerio de Economía. De confirmarse el dato, el Gobierno ha conseguido cumplir con el objetivo fijado por Bruselas en el 98,1% del PIB. Se trata de la primera vez que lo logra desde que se inició la crisis sin haber dispuesto de un aplazamiento o una relajación de las metas. Sin embargo, semejante hito se ha alcanzado esta vez gracias a un oportuno cambio contable del que el Ejecutivo no había informado hasta ahora. Solo se ha sabido por una nota técnica que ha publicado el Banco de España, la entidad encargada de validar las cifras de deuda.

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El Gobierno ha modificado la forma en que se computan los activos de Enresa, la entidad encargada de gestionar los residuos radioactivos de las centrales nucleares. En lugar de permanecer en el sector privado, estos han sido transferidos a las cuentas del Estado como un activo público. Para entender en qué consiste este enjuague contable, hace falta saber que la deuda pública es una cifra neta, es decir, es el resultado de las deudas menos los activos. Al haber subido los activos sumando los de Enresa, el Gobierno ha bajado la deuda pública neta. Lo suficiente como para poder decir que ha cumplido con las metas que les imponía la Unión Europea.

Según ha explicado el Banco de España en la nota publicada este viernes, estos activos de Enresa ascienden a 2.408 millones de euros en diciembre de 2017. Es decir, supone un poco más de dos décimas de PIB, lo justo para que el Gobierno haya podido bajar en esa medida la deuda y ceñirse al objetivo exigido por Europa: se ha cerrado con un 98,08% y la meta impuesta era un 98,1%. De no ser por este cambio metodológico, el Gobierno no habría alcanzado el objetivo y se habría quedado en el entorno del 98,3%.

Los fondos de Enresa están dotados por las empresas operadoras de las centrales nucleares, y han sido desembolsados para lidiar con el tratamiento de los residuos al menos hasta el 2085. Estos han sido transferidos como un activo a las cuentas de las Administraciones con fecha 1 de enero de 2017. Sin embargo, según aclara el Banco de España, esta modificación se decidió en el primer trimestre de 2018 y se ha justificado argumentando que de todas formas Enresa ya está controlada por el Estado y sus ingresos no dependen del mercado.

La decisión ha sido tomada por el Comité Técnico de Cuentas Nacionales, un organismo de la Intervención dependiente del Ministerio de Hacienda. En principio, esta medida se toma con arreglo a la regulación contable europea que controla Eurostat.

En euros, la deuda pública ha vuelto subir en 2017 hasta los 1,144 billones de euros, una cifra récord en la historia de España y un 3,4% más que en 2016. Aunque se trata de un incremento menor que en los años anteriores, la deuda sigue en unos niveles muy elevados que dejan muy poco margen para hacer frente a una nueva crisis o al inminente envejecimiento de la población.

Fuente: El País