El sector público español dedica significativamente menos recursos que la media de los países de nuestro entorno en casi todas las funciones de gasto. Sabemos también que no destacamos en utilizar los recursos públicos de forma eficiente. Carecemos de cultura e instituciones que garanticen la correcta evaluación de la rentabilidad social del gasto. Casi todo se hace por intuición divina o cortoplacismo electoralista.

No obstante, colectivamente hemos optado por una cartera de derechos y servicios generosa, que incluye una sanidad universal, una educación pública de cobertura amplia y copagos reducidos en perspectiva comparada, un sistema de pensiones generoso respecto a las cotizaciones que realiza el trabajador, una ley de dependencia ambiciosa, una impresionante red ferroviaria de alta velocidad… Lo lógico es que los gestores públicos se vean abrumados, que surjan carencias y cuellos de botella, que se declare la insuficiencia de recursos para ejecutar lo que los programas electorales prometen y las leyes disponen. Sin duda, podemos gastar mejor. Pero también debemos gastar más en muchas áreas si de verdad queremos que se haga lo que votamos.

Observando el reparto de competencias entre niveles de gobierno en España y las diferencias entre la estructura del gasto por funciones y la media de la UE, es en las comunidades autónomas en las que el déficit de recursos es mayor. Pero esto es compatible con sostener que a la Administración central no le sobra; sobre todo si se tiene presente el preocupante déficit del sistema de pensiones. Por tanto, la solución a los problemas de insuficiencia de las comunidades de régimen común (las de régimen foral lo tiene resuelto por lo poco que aportan a la caja de todos) no pasa tanto por un mero trasvase de recaudación del nivel central al autonómico, como por un incremento de la capacidad recaudatoria global del sistema tributario y una mayor autonomía fiscal a las comunidades.

Aumentar la capacidad recaudatoria exige una reforma ambiciosa que revise a fondo todos los beneficios fiscales que existen en España, muy por encima de lo que nos encontramos en otros países y que afectan a casi todos los impuestos. Exenciones y tratamientos preferentes restan muchos miles de millones a la recaudación final, a pesar de estar soportando tipos impositivos similares o superiores a los de otros países que recaudan más. Pero esa reforma debe afrontar también el problema del fraude fiscal; y dar impulso a los tributos medioambientales, hoy infradesarrollados.

Finalmente, esa mayor dosis de autonomía tributaria de las comunidades se puede lograr siguiendo las recomendaciones de la comisión de expertos. La transformación de las participaciones territorializadas en el IVA y los impuestos especiales en capacidad colegiada para modificar tipos y la mejora del IRPF autonómico son las dos más importantes en lo cuantitativo.

Santiago Lago Peñas es miembro de la comisión de expertos para la reforma de la financiación. Universidad de Vigo (GEN).

Fuente: El País