El mensaje del Banco de España es muy claro: «La incertidumbre generada a raíz del desafío independentista en Cataluña podría traducirse asimismo en un menor nivel de actividad y empleo en los próximos meses». Y explica cómo ocurriría el proceso: «Podría deteriorar la confianza de los agentes económicos y, por esta vía, afectar a sus decisiones de gasto e inversión […]. Además, la incertidumbre y los problemas de confianza podrían propiciar un endurecimiento de las condiciones de financiación para el conjunto de sectores residentes». De hecho, se señala que ya «los mercados financieros españoles han presentado una evolución comparativamente menos favorable, en parte como consecuencia de la incertidumbre generada por las tensiones políticas en Cataluña».

Los equipos técnicos del Banco de España dibujan básicamente dos escenarios. Uno más benigno en el que la incertidumbre se mantiene en los niveles vistos durante el tercer trimestre y no va más allá de 2017. Por lo que en este se deduce que las tensiones acabarían con las elecciones del 21 de diciembre. Bajo esa hipótesis, el coste podía llegar a las tres décimas de PIB, esto es 3.000 millones de euros, en el bienio 2018-2019.

A continuación, el documento perfila otro supuesto en el que el conflicto se prolonga durante los dos próximos años y alcanza unos niveles de tensión similares al inicio de la crisis de 2008 o a cuando la economía española estuvo al borde del rescate allá por 2012. Es decir, las cotas más altas de incertidumbre registradas en los últimos años. En ese caso el daño para la economía podría dispararse hasta algo más de los 2,5 puntos de PIB, es decir, más de 27.000 millones de euros. «Este último escenario comportaría una reducción de cerca del 60 % del crecimiento considerado en el escenario base para el conjunto de la economía española y una recesión de la economía catalana durante buena parte del horizonte analizado», afirma el informe. 

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Se trata de un ejercicio de escenarios de riesgos hipotéticos, resalta el Banco de España. Simplemente se construyen ejemplos, «a título meramente ilustrativo y provisional», de hasta dónde podría llegar las cosas si se intensifica o enquista el desafío soberanista. No son previsiones y, por tanto, podrían perfectamente no ocurrir. «En todo caso, permiten evidenciar los significativos riesgos y costes económicos de la situación provocada por las iniciativas independentistas en Cataluña. La pronta normalización de esta situación podría mitigar la incidencia de los riesgos para la economía analizados en este recuadro», concluye el organismo.

De hecho, a tenor del comportamiento de los mercados una vez aplicado con éxito el artículo 155, los inversores están descartando estos escenarios más duros. Eso mismo destacó el pasado lunes el ministro de Economía, Luis de Guindos. Y justo ese diagnóstico recalca ahora el Banco de España: «La información relativa a los días inmediatamente anteriores a la publicación de este Informe indica una cierta moderación en el grado de tensionamiento implícito en los precios de los activos financieros, coincidiendo con la adopción, el pasado 27 de octubre, de la Resolución por el Pleno del Senado por la que autorizó la aplicación de determinadas medidas en relación con la Generalitat de Cataluña en virtud del artículo 155 de la Constitución».

La institución que dirige Luis Linde ya fue la primera que avisó antes del referéndum ilegal del 1 de octubre que las tensiones políticas en Cataluña podrían perjudicar el consumo, la inversión y las condiciones financieras. Ahora cuantifica lo que esto supone, y va mucho más lejos que el Gobierno y la Autoridad Fiscal. El Gobierno calculó un impacto de 3.000 millones para el año que viene. Y luego el ministro Guindos se desdijo. El titular de Economía subrayó el pasado lunes que una vez restablecida la legalidad no espera que la tensiones lastren la economía salvo en Cataluña y solo durante el cuarto trimestre. Por su parte, la Autoridad Fiscal cifró los efectos en una horquilla entre 3.000 y más de 12.000 millones en 2018.

Pero la cosa no queda solo ahí. El informe coloca además a Cataluña como uno de los principales riesgos para la estabilidad financiera de España. Por un lado, el organismo cita como riesgos los problemas de rentabilidad de la banca y un posible ajuste brusco de los mercados por motivos geopolíticos o por unas bajas expectativas de crecimiento. Y a renglón seguido añade por otra parte: «Adicionalmente a los dos factores señalados, existe otro factor de riesgo a tener en cuenta, que es la tensión política en Cataluña y sus eventuales repercusiones sobre las condiciones de financiación en los mercados de capitales y sobre el conjunto de la economía española».

Por delicadeza con la situación de los bancos, el documento no explica en qué consiste ese riesgo. Pero el gobernador ya fue muy explícito en septiembre de 2015, cuando declaró que podría darse un corralito en Cataluña en el supuesto de la independencia. Al perder el apoyo del Banco Central Europeo, las entidades no podrían atender los reembolsos de los clientes. “Son futuribles, a mi entender altamente improbables, pero evidente situaciones de tensión grave pueden dar lugar a corralitos como se ha visto en experiencias latinoamericanas o en Grecia, de forma que es una posibilidad, un riesgo que existe, evidentemente”, dijo entonces Luis Linde.

Tal y como apuntan fuentes financieras, en los días posteriores al referéndum ilegal del 1 de octubre se estuvo muy cerca de esa situación. Ante el riesgo de quedarse fuera del paraguas del BCE, los bancos catalanes sufrieron una severa fuga de depósitos. Y ello les obligó a cambiar su sede para garantizar ante depositantes e inversores que seguirían bajo el amparo del eurobanco. Solo así lograron mitigar la sangría. Según señalan fuentes del sector, la aplicación exitosa del artículo 155 también ha contribuido a cerrar del todo este episodio de crisis bancaria.

Fuente: El País