“Hemos encontrado algo en lo que estamos de acuerdo con Deloitte: que su valoración es ‘altamente incierta y provisional’, como lo indica el informe” de la auditora en que la Junta Única de Resolución europea se basó para acabar con Banco Popular, exponen desde el bufete Quinn Emanuel.

Este es prácticamente el único punto de la información parcialmente revelada el pasado viernes con el que están conformes los abogados que representan a Pimco, Anchorage, y otro puñado de grandes fondos de inversión internacionales que perdieron unos 850 millones de euros invertidos en bonos de Popular.

Con retraso y cumpliendo el mandato del Panel de Recursos al que habían acudido grandes inversores afectados, la JUR publicó entonces una versión censurada de la documentación sobre la resolución de Popular, el pasado junio, y la valoración encargada a Deloitte.

Quinn Emanuel considera que la documentación deja clara que la decisión fue tomada en solo unos minutos y basándose en un informe elaborado de forma atropellada y sin toda la información crucial en manos del auditor, como este reconoce.

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Más allá, desde el bufete consideran que la versión no confidencial de los documentos publicada hace ahora una semana “plantea más preguntas de las que responde”. A partir de ahí, apuntan a una serie de datos clave que echan en falta.

La documentación presentada, denuncian, omite la información sobre la fuga de depósitos que sufrió Banco Popular en sus últimos días y que habría propiciado su resolución. Además, no detalla la línea de liquidez de asistencia que le estaba prestando el Banco Central Europeo en aquellos momentos ni por qué se dejó de dar, condenando a la entidad a mitad de semana cuando este tipo de decisiones se toma con un fin de semana por delante para tener mayor margen de maniobra.

También se echan de menos explicaciones sobre los cálculos y la metodología empleada por Deloitte para valorar la entidad en una horquilla de entre 1.300 millones en positivo y 8.200 millones en negativo, con un escenario central de 2.000 millones que consideran que la JUR ignoró, trabajando con la cifra más conservadora.

Finalmente, los representantes de Pimco consideran que es crucial que Deloitte aclare cuanto antes si el mecanismo de resolución ha resultado más lesivo para los accionistas y bonistas de la entidad que lo perdieron todo aquella madrugada que un proceso de liquidación al uso.

Como ya avanzó este diario hace unos días, los grandes fondos de inversión afectados por la debacle de Popular, como otros muchos, planean agotar todas las vías legales disponibles para hacerse con una versión íntegra de los documentos de resolución.

Quinn Emanuel detalla que están dispuestos a pelearlo ante el Panel de Resolución de la JUR, el Tribunal de Justicia de la UE, el defensor del pueblo europeo, la Audiencia Nacional Española y cualquier otra vía que les dé acceso a una información crucial en su batalla legal por recuperar el dinero perdido.

Fuente: Cinco Días